Ha comenzado en Grecia un juicio de gran repercusión contra el presidente del Olympiacos FC Evangelos Marinakis y 142 aficionados acusados de apoyar una organización criminal vinculada a la violencia en el deporte. El proceso podría marcar un antes y un después en la forma en que el fútbol europeo afronta el hooliganismo y la violencia en estadios.
Los cargos contra Marinakis y los seguidores incluyen dirigir una organización criminal y suministrar o usar explosivos improvisados y bengalas en eventos deportivos, una acusación grave y poco frecuente en el fútbol. Los fiscales sostienen que entre 2019 y 2024 Marinakis y varios miembros de la junta favorecieron y facilitaron comportamientos violentos de una facción de ultras. La defensa niega cualquier delito y califica el caso de motivado políticamente. Marinakis, que también es propietario del club inglés Nottingham Forest, no estuvo presente en la sala y se hizo representar por su equipo jurídico.
El origen del caso fue un incidente trágico en diciembre de 2023 cuando el agente de policía antidisturbios George Lygeridis resultó mortalmente herido en enfrentamientos fuera de un partido de voleibol femenino entre Olympiacos y Panathinaikos. La fase previa al juicio aportó pruebas que apuntan a que aficionados trasladaron bengalas y artefactos desde el estadio de fútbol hasta la sede del partido de voleibol convirtiendo un evento de bajo riesgo en un choque violento.
Más de 210 testigos están citados y observadores legales estiman que el juicio podría durar más de un año. La próxima audiencia está fijada para el 25 de noviembre. Organismos como la UEFA y otras autoridades del fútbol europeo siguen el caso con atención porque podría revelar vínculos profundos entre la cultura de afición y el crimen organizado y abrir la puerta a cambios en gobernanza, sanciones más duras para clubes e incluso a debates sobre la responsabilidad penal de ejecutivos por acciones de seguidores.
La reacción pública es ambivalente: familias de víctimas piden justicia y responsabilidades, mientras que parte de la hinchada considera que se estigmatiza a un subconjunto de simpatizantes sin matices. En paralelo, los organismos de gobierno deportivo afrontan presión para impulsar reformas que reduzcan la violencia en los estadios y protejan a aficionados y fuerzas de seguridad.
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El proceso contra Marinakis y los aficionados es solo el comienzo de un debate más amplio sobre responsabilidad, prevención y control en el deporte. Más allá del resultado judicial, clubes, autoridades y proveedores tecnológicos tendrán que colaborar para implantar medidas que protejan a los aficionados, al personal y al propio espectáculo deportivo.
