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El presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Justicia a impugnar leyes estatales sobre inteligencia artificial que, según la administración, ponen en riesgo la competitividad nacional. La orden critica normas estatales que exigirían incorporar sesgos ideológicos en modelos de IA y pone como ejemplo la ley de Colorado contra la discriminación algorítmica, argumento que usa para afirmar que algunos estatutos podrían forzar a los modelos a producir resultados erróneos para evitar impactos diferenciales en grupos protegidos.
La orden crea un AI Litigation Task Force dentro del Departamento de Justicia para impugnar leyes estatales por considerarlas inconstitucionales, preemptionadas o ilícitas. Además ordena al Departamento de Comercio evaluar las normas estatales que conflijan con prioridades nacionales y condiciona fondos federales de Broadband Equity Access and Deployment a la ausencia de dichas leyes. El texto indica que la FTC deberá explicar cuándo las leyes estatales que exigen alterar salidas veraces de modelos de IA quedan preemptionadas por la prohibición federal de actos engañosos, y que la FCC considerará un estándar federal de reporte y divulgación que preemptione normas estatales conflictivas.
La orden también pide al Asesor Especial de la administración para IA y cripto que recomiende una legislación que establezca un marco federal uniforme para la IA que preemptione leyes estatales conflictivas, aunque permite a los estados legislar sobre protección de menores, infraestructura de centros de datos y contratación de servicios de IA. La medida responde a un mosaico creciente de regulaciones estatales: en 2024 se introdujeron cerca de 700 proyectos de ley sobre IA y 113 fueron aprobados. Entre ellos la ley de Colorado que entra en vigor en junio de 2026 con requisitos de divulgación e impactos para sistemas de alto riesgo, la SB 53 de California sobre transparencia en decisiones de empleo y la TRAIGA de Texas que exige revelaciones sobre IA generativa en contratos desde enero de 2026.
Para empresas que operan internacionalmente la orden simplifica el cumplimiento dentro de Estados Unidos pero no elimina obligaciones en mercados extranjeros. Las compañías que vendan soluciones en la Unión Europea seguirán sujetas al Reglamento de la UE sobre IA, que clasifica sistemas por riesgo y exige evaluaciones de conformidad, transparencia y supervisión humana en aplicaciones de alto riesgo como selección de personal, scoring crediticio y herramientas policiales. Ese marco puede requerir diseñar salvaguardas de seguridad e integridad desde la concepción del sistema y funciona además como filtro de contratación pública.
Analistas advierten que la postura federal incrementa la incertidumbre legal para las empresas. Sin normas federales uniformes, los proveedores deben ofrecer garantías específicas a cada cliente y socio comercial, lo que eleva costes de transacción y exposición a responsabilidades en ámbitos laborales, protección al consumidor, privacidad y sectores regulados como banca o infraestructuras críticas.
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