Javier Milei ha sido el centro de atención internacional en las últimas semanas, aunque no precisamente de la forma en que le hubiera gustado. El presidente de Argentina se encuentra bajo investigación tanto en su país como en Estados Unidos debido al escándalo de la criptomoneda $Libra, un supuesto esquema fraudulento que habría causado pérdidas de hasta 300 millones de dólares a los inversores.
Mientras él y su gabinete intentan eludir las acusaciones, Milei está impulsando una agenda agresiva para aislar a la oposición, monopolizar la iniciativa política y dejar el escándalo atrás. Su estrategia incluye confrontar a los principales grupos mediáticos y de telecomunicaciones de Argentina, promover más privatizaciones y forzar nominaciones en la Corte Suprema.
A pesar de sus esfuerzos, su táctica de bombardear con nuevas y controvertidas medidas no parece estar beneficiando su imagen pública. Según una reciente encuesta de la consultora Delfos, la percepción negativa de Milei en Argentina aumentó en 5 puntos porcentuales, mientras que su popularidad cayó en 3 puntos.
$Libragate
El escándalo estalló el 14 de febrero, cuando Milei publicó un mensaje en redes sociales promocionando un supuesto proyecto privado que tenía como objetivo impulsar el crecimiento de la economía argentina, financiar pequeñas empresas y emprendimientos locales. En el mensaje se incluía el nombre $Libra, vinculado a un sitio web llamado Viva La Libertad Project, junto con una dirección de billetera de criptomonedas.
Tras la publicación del presidente, el valor de $Libra se disparó hasta los 5 dólares en cuestión de minutos, para luego desplomarse a solo unos centavos en menos de una hora. Críticos denunciaron que se trataba de una maniobra fraudulenta, generando rumores de que la cuenta de Milei había sido hackeada, lo que fue rápidamente desmentido por fuentes oficiales.
Pocas horas después, Milei eliminó la publicación y afirmó que solo había apoyado un supuesto proyecto privado con el que obviamente no tenía conexión. Aseguró que no estaba familiarizado con los detalles del proyecto y que por esa razón decidió dejar de promoverlo.
Sin embargo, las sospechas aumentaron cuando comenzaron a circular fotos de Milei con Julian Peh, fundador de Kip Protocol, compañía mencionada en el sitio web del proyecto Viva La Libertad. Dicha empresa negó cualquier vínculo con el token $Libra.
Asimismo, el presidente había sido fotografiado semanas antes con Hayden Mark Davis, de la empresa Kelsen Ventures, responsable del lanzamiento de $Libra. Davis se presentó como asesor de Milei en temas de tokenización y, tras el escándalo, afirmó en un video que el presidente eliminó el mensaje original pese a acuerdos previos. Además, declaró que los 300 millones de dólares invertidos en $Libra pertenecían a Argentina y que estaba a la espera de instrucciones sobre qué hacer con los fondos.
El escándalo provocó una oleada de denuncias por parte de la oposición, con más de 100 casos presentados en los tribunales argentinos. Todos ellos quedaron bajo la jurisdicción de la jueza federal María Romilda Servini, quien delegó la investigación al fiscal Eduardo Taiano.
Por otro lado, el bufete Moyano & Asociados presentó denuncias contra Milei ante las autoridades estadounidenses.
Milei intenta dejar atrás $Libragate
El gobierno esperaba que con el paso del tiempo el escándalo perdiera impacto. Sin embargo, las constantes revelaciones han mantenido el tema en el centro de la agenda mediática. El 20 de febrero, el oficialismo evitó por un estrecho margen que el Senado formara una comisión especial para investigar el caso, bloqueando la medida por un solo voto.
A finales de febrero, Milei viajó a Estados Unidos, donde se reunió con figuras como Elon Musk, funcionarios del Fondo Monetario Internacional y el expresidente Donald Trump, intentando demostrar que el escándalo no lo había aislado en la arena internacional.
Tras su regreso a Argentina, el presidente ha intentado retomar la iniciativa política con una serie de medidas. Entre ellas, firmó un decreto para privatizar el Banco Nación y una empresa estatal de minería de carbón. Además, su gobierno ha anunciado una revisión del acuerdo que permitía a la empresa Telecom adquirir las operaciones en Argentina de la española Telefónica, en una transacción valorada en más de 1.200 millones de dólares. Esta postura ha generado tensiones con el grupo Clarín, propietario de Telecom y una de las principales corporaciones mediáticas del país.
Otra decisión polémica fue la nominación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema a través de un decreto, tras no haber conseguido el apoyo del Senado. Lijo, juez federal, ha enfrentado múltiples denuncias en el Consejo de la Magistratura, mientras que García-Mansilla, académico de orientación conservadora, carece de respaldo fuera del sector libertario.
Esta medida fue duramente criticada por la oposición y, a pesar de que la Constitución permite al presidente realizar estas designaciones bajo ciertas circunstancias, es probable que la decisión no prospere en el Congreso.
El próximo desafío de Milei será la apertura del año legislativo el 1 de marzo, instancia clave para establecer el rumbo de su gobierno. Su discurso ante el Congreso se anticipa como un evento significativo, dado que ha prometido nuevas iniciativas que podrían generar un impacto similar al decreto 70/2023 firmado en sus primeras semanas de mandato.
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