Antes de la posible prohibición del uso de redes sociales por parte de adolescentes en Australia, el debate se centra en cómo verificar la edad sin sacrificar privacidad ni seguridad. Un informe encargado por el gobierno ha puesto bajo la lupa las soluciones de verificación de edad, alertando sobre riesgos técnicos, sesgos de precisión y exposición de datos sensibles que podrían afectar tanto a menores como a adultos.
El informe advierte que los sistemas basados en biometría facial o documentos oficiales pueden ser vulnerables al fraude, generar falsos positivos o negativos, y crear nuevos vectores de riesgo por el almacenamiento masivo de datos. También resalta desafíos como el cumplimiento normativo, la protección frente a suplantaciones con videos sintéticos y la necesidad de controles de acceso robustos que no se conviertan en puertas traseras para atacantes.
Entre las alternativas recomendadas destacan el principio de mínima exposición de datos, la verificación en el dispositivo sin subir imágenes a la nube, los tokens criptográficos no rastreables, la certificación de proveedores por terceros, auditorías periódicas y la adopción de estándares abiertos para garantizar interoperabilidad y transparencia. Estas medidas buscan equilibrar la protección de menores con los derechos de privacidad de toda la población.
Desde una perspectiva práctica, las plataformas deberían combinar controles parentales efectivos, reportes de transparencia, mecanismos de apelación y pruebas de penetración regulares, además de red teaming continuo para evaluar la resiliencia de sus sistemas. La protección integral exige arquitectura segura por diseño, cifrado de extremo a extremo donde sea aplicable y una clara gobernanza de datos.
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